«Es fama que durante la Recesión 2008/2014 el Ministerio de Economía imprimió premura a las reformas legales necesarias para introducir instrumentos de refinanciación, venciendo la parsimonia del Ministerio de Justicia. Al inicio de la crisis, las grandes empresas viables que, sin embargo, se encontraran en situación crediticia delicada y las propias entidades financieras viajaban a Londres para, haciendo uso de la libertad de elección de foro y legislación aplicable, someterse al «scheme of arrangement» británico (Companies Act 2006). El legislador español tomó nota de esa circunstancia y consideró, acertadamente, que esta solución de acuerdo de refinanciación podría evitar concursos en España, de forma que la importó a través del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo y, como resultara insuficiente, por la Ley 38/2011, de 10 de octubre».
Así comienza «Urgencia y oportunidad de la transposición de la Directiva 2019/1023«, la Tribuna que Ricardo Lagares, Socio-Director de Lagares Abogados, publica en el medio El Economista.
El Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) y la Directiva 2019/1023
«En nuestros aciagos días, decretado el estado de alarma y, confirmado, por tanto, el comienzo de otra recesión, el Consejo de Ministros del martes 24 de marzo acordó solicitar a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente en relación con el proyecto del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC). Ese requerimiento sumario se movía en parámetros de oportunidad incuestionables: ante una crisis de dimensiones desconocidas, se actuaba con celeridad».
«Un valor sobreentendido es que se aprovecharía la tramitación del TRLC para incorporar la Directiva 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, una norma que introduce innovaciones notables y reordena los mecanismos pre-concursales de los países miembros. […] Sin embargo, el TRLC no incorporó la Directiva 2019/1023″.
Pasados seis meses desde la promulgación del TRLC, y sin ningún movimiento para la transposición de la Directiva 2019/1023, Lagares considera que «si la urgencia que demanda la situación económica del país es comparable a la que obligó a actuar rápidamente al legislador en 2009/2011, aquí se sostiene que las ventajas de la reforma son aún mayores».
Si desea acceder al artículo íntegro, visite el siguiente enlace en El Economista.
Ricardo Lagares
Socio-Director
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