El cumplimiento normativo es un componente esencial para las empresas en general y así lo hemos tratado en anteriores artículos de nuestro blog. En este artículo nos gustaría poner el foco en las sociedades públicas, y ello a raíz de las noticias que recientemente se han publicado en Canarias sobre comportamientos ilícitos de algunos miembros de sociedades públicas que han actuado, según se ha sabido, fuera del marco legal y regulatorio establecido y que ahora se encuentran ya investigadas judicialmente.
¿Es aplicable el cumplimiento normativo en las sociedades públicas?
Hay una larga discusión doctrinal sobre la posibilidad de implantar los protocolos de cumplimiento normativo, que fueron inicialmente concebidos para empresas privadas, en las empresas públicas. Desde nuestro punto de vista, la aplicación de tales protocolos representaría una garantía superior de legalidad, y, por tanto, coexistirán con los controles que deberá ejercer la administración a la que está vinculada y que resultan de la legislación aplicable.
La adopción de sistemas de cumplimiento normativo por las sociedades públicas protegería a estas sociedades, y a sus directivos y gerentes, de sanciones legales, y, en consecuencia, fortalecería la imagen y confianza en su funcionamiento tanto para los ciudadanos como para las administraciones de las que dependen.
Eso sí, si alguna sociedad pública quiere contar con un sistema de cumplimiento o compliance deberá hacerlo de la manera más exigente posible, es decir, adecuándose a la estructura, normativa y personal de la sociedad destinataria. El fin último del cumplimiento normativo es garantizar que no existan sombras de ilegalidad, desde luego, pero al tiempo permite evitar o moderar la responsabilidad administrativa o judicial en la que pueden incurrir sus gestores o directores.
En esa estructura de cumplimiento normativo se incluirá la exigencia de dichos protocolos o estándares mínimos en los servicios o actividades que presta o desarrolla, en las personas o sociedades que se contratan, en los protocolos de publicación de información y cumplimiento de transparencia, en las compras que se realizan de suministros, en las subcontrataciones, etc.
Elementos esenciales para implementar un sistema de compliance eficaz
Las sociedades públicas están sujetas a una amplia gama de regulaciones que abarcan desde la transparencia financiera hasta la protección del medio ambiente, y la legislación sectorial de cada ente. El cumplimiento de estas normativas es esencial para evitar sanciones legales administrativas y judiciales, y mantener la reputación y confianza necesarias para seguir trabajando en aquellos fines sociales que se incluyeron en su constitución.
Por otro lado, esta dinámica de cumplimiento normativo se va a implementar fácilmente puesto que las sociedades públicas ya vienen obligadas a proporcionar todo tipo de informes en justificación de su actividad y funcionamiento, como por ejemplo:
- Informes financieros precisos y completos. Esto incluye la divulgación de estados financieros, auditorías externas y la presentación de informes anuales.
- Implementar prácticas de buen gobierno corporativo, como la independencia del consejo de administración y la gestión de conflictos de interés.
- Asegurar el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad en el trabajo para proteger a los empleados.
Por tanto, el sistema de compliance actuaría como un unificador y doble checklist en las obligaciones documentales y de funcionamiento interno ya existente.
Para que el sistema de implementación del protocolo de compliance sea efectivo, las sociedades públicas deben proveer formación regular a los empleados sobre las normativas vigentes y las mejores prácticas y realizar auditorías internas periódicas para identificar y corregir posibles incumplimientos. Ello se consigue utilizando sistemas de gestión de cumplimiento que faciliten el seguimiento y la documentación de las actividades regulatorias en todos sus ámbitos.
En conclusión, contar con un sistema exigente de compliace va a mantener a la sociedad informada sobre cambios en las regulaciones, evitará sanciones legales, y fortalecerá la reputación y estabilidad del ente público, además de dar confort al equipo directivo y gerente de cada momento sobre la naturaleza y legalidad de su propia actividad.
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