Author Archives: Ricardo Lagares

Concurso de acreedores necesario

 

Supuestos en que se puede presentar un concurso necesario de acreedores 

 

¿A qué llamamos concurso necesario? Usted, como acreedor, ostenta un crédito que puede reclamar a su deudor, pero éste incumple, y, es más, lo hace de manera generalizada: tiene deudas con otros proveedores, con las entidades bancarias, con las administraciones públicas, etc. En este caso, y con algunos requisitos a cumplir, se puede solicitar el concurso necesario de su deudor. Las ventajas son obvias, el crédito que usted ostenta y que le resulta imposible cobrar se privilegia en el seno del concurso y puede obtener su cobro, generalmente, a través de la liquidación de los bienes de la entidad deudora. 

 

¿Cuándo podrá realizar dicha solicitud? El primer caso es cuando se ostenta un título por el cual se haya despachado ejecución o apremio, en un previo procedimiento judicial, sin que la ejecución haya tenido efecto, es decir, que del embargo no resultasen bienes libres bastantes para el pago. También cuando se pueda acreditar: el sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor; la existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor; o el alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes; o, el incumplimiento de pagos de obligaciones tributarias o de la Seguridad social. 

Obviamente, por sus requisitos no es una figura jurídicamente sencilla, siempre habrá que ponderar los requisitos y ventajas del caso concreto. Pero si se cumplen dichos presupuestos y se aplica a su debido tiempo, el concurso necesario consigue un efecto extraordinario a la hora de dar prelación al crédito que reclamamos al deudor. 

 

     

 

Breve nota sobre el Plan de Viabilidad. 

 

Breve nota sobre el Plan de Viabilidad. 

 

Tal y como indicamos en el artículo anterior, ante una situación de insolvencia, lo primero que debe hacer una empresa es la elaboración del Plan de Viabilidad, el instrumento analítico y prescriptivo fundamental para los siguientes meses de actividad empresarial. 

 Aconsejamos incluir una serie de elementos en dicho plan que, vista nuestra experiencia, ayudarán tanto a los administradores y equipo directivo, como al resto de asesores de la entidad. Así, es oportuno que figuren en el plan: 

1.Plan de tesorería, que cubra un período de 6 meses como mínimo. 

Mes a mes, abonos e ingresos previstos. Pero, en este punto el criterio debe ser de máxima prudencia para poder comprobar la realidad de la viabilidad.  

2. Listado de acreedores. 

En que se incluirán tanto la deuda vencida como la deuda total de la entidad.  

3. Los recursos que soportan el plan, tanto ordinarios como extraordinarios. 

4. Habría que, si fuera el caso, atisbar una posible reestructuración del negocio, es decir, profundizar en las causas de la insolvencia si no son puramente externas. 

5. Y, por último, el plan de negociación y de pagos. 

El objetivo es llegar, usando esos instrumentos, a un acuerdo con los acreedores. 

 

     

 

Marco temporal del concurso de acreedores

 

Marco temporal del concurso de acreedores.

 

Si una empresa se encuentra en situación de insolvencia, lo que se va a requerir es de acciones rápidas y contundentes para cumplir con la obligación contenida en el artículo 5 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal, que establece lo siguiente: 

  1. El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. 

Artículo que debe ser contextualizado con lo establecido en el artículo 5 bis del mismo texto: 

  1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 y en la Disposición adicional cuarta o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta Ley. (…) 
  2. Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo establecido en el artículo 5. Formulada la comunicación antes de ese momento, no será exigible el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario. 

¿Cuáles son las primeras medidas que debe tomar una empresa en dicha situación? Frecuentemente las empresas intentan una negociación ordinaria (sin 5 bis) con entidades financieras, acreedores y deudores, cuya duración dependerá de que se produzcan avances o no. Si se encuentra en dicha situación, le aconsejamos lo siguiente: 

  1.  Que siempre se tengan en cuenta los hitos temporales de la ley (dos meses desde que se detecta la insolvencia). Las entidades financieras han de declarar la mora que se pueda ocasionar al Banco de España y tienen un plazo aproximado de dos meses. 
  2. La primera medida que se debe adoptar, incluso para esta negociación informal, es diseñar y desarrollar un plan de viabilidad específico. 

No obstante, si fracasa dicha vía, siempre queda abierta la posibilidad de una nueva negociación una vez presentado el 5 bis, es decir, la comunicación al Juzgado del inicio de negociaciones a fin de obtener un acuerdo de refinanciación.  

Por último, y sólo para el caso de que no prosperara el acuerdo de refinanciación y, si no se consiguiera salir del estado de insolvencia, se debe presentar el concurso de acreedores.  

 

     

 

Concurso de acreedores voluntario

 

Guía para presentación del concurso voluntario de acreedores de una persona jurídica.

Conscientes de la presión que las asesorías fiscales soportan en estas fechas, proponemos en este artículo la revisión jurídica de una figura que puede ayudar a los profesionales del sector cuando detectan una posible insolvencia de las entidades a las que asesoran, el concurso de acreedores. Consideramos que, pese a su popularidad durante la última crisis, sigue siendo el vehículo jurídico más desconocido en su funcionamiento, y nos detenemos en él porque consideramos que, pese a todo, es la forma más efectiva de superar una crisis económico-financiera. 

Con motivo del depósito de cuentas anuales y de la presentación del modelo de sociedades, tanto los asesores fiscales como los propios administradores sociales pueden detectar el estado de insolvencia inminente de la empresa. Desde luego, nuestra primera asistencia se centrará en detectar las causas de dicha insolvencia, y la reflexión y actuación necesaria para evitar posibles responsabilidades de los gestores de la sociedad. 

Posteriormente, hay que documentar dicha insolvencia a los efectos de registrar de forma efectiva la relación de deudas y acreedores e ir preparando de esta manera la documentación necesaria para la presentación del concurso: relación de actividades de la empresa en curso; inventario de bienes y derechos (que incluirá su valor y sus cargas) y la relación de los acreedores de la sociedad (con identificación de posibles procedimientos judiciales en curso, que será necesario para obtener, en su caso, la suspensión de ejecuciones), las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, entre otros. Esta documentación nos ayudará a diseñar la memoria económica y jurídica que debe acompañar la solicitud de concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil. 

Pero la cuestión principal es ¿qué efectos tiene dicha presentación ante el Juzgado de lo Mercantil?  El principal es que todos los créditos existentes a fecha de registro de la solicitud del concurso ante el Juzgado quedan integrados en la masa pasiva del concurso y únicamente se abonarán en el caso de que se llegue a un convenio con dichos acreedores. En el supuesto de no alcanzar dicho convenio, la sociedad liquidará sus activos para abonar sus créditos. La empresa, por tanto, libera la tesorería y únicamente podrá pagar los créditos que surjan del desarrollo de su actividad, los créditos contra la masa, con lo que se proporcionará el suficiente oxígeno para continuar con el desarrollo de su actividad económica. 

 

     

 

Especial Acuerdos de Refinanciación

Artículo en PDF

 

¿Qué sabes sobre los Acuerdos de Refinanciación?

 

Un instrumento necesario para la viabilidad de las empresas.

Eugenia Pérez Miranda. 26/02/2019

 

La redacción que la Ley 9/2015 de 25 de mayo, de Medidas urgentes en materia concursal, dio a los artículos 5 bis y 71 bis 1. de la Ley Concursal ha afectado directamente, y creemos que de forma positiva, a los procesos de reestructuración empresarial y negociación bancaria. Para hacernos una idea rápida de las ventajas de estos mecanismos para las empresas, resumimos:

         1.  Se anuda la comunicación del 5bis a la suspensión de ejecuciones, judiciales o extrajudiciales, a salvo siempre los créditos públicos.

 

         2.  Se facilita el acuerdo de refinanciación con los Bancos, redefiniendo mayorías y eliminando requisitos. 

 

         3.   Abre la posibilidad de que las capitalizaciones de deuda no se reputen créditos subordinados.  Se pretende proteger el esfuerzo de los socios.

 

         4.  Se protegen las aportaciones de tesorería en acuerdos de refinanciación: son créditos contra la masa.

 

         5.  Importantes ahorros tributarios en estos acuerdos.                 

               

       En este artículo vamos a pararnos a analizar el primer efecto de suspensión de las ejecuciones en el ámbito judicial, y, en referencia especial a cuando dichas ejecuciones recaen sobre bienes que no tienen una clara afección a la actividad.

Como es de sentido común, la tesorería de una empresa ha sido declarada bien imprescindible  para la continuidad de la actividad de forma unánime por los juzgados de lo mercantil. Pocas dudas se pueden albergar: si se carece de tesorería, no se comprar mercancía, no se abonan salarios etc…  es decir: se aboca a la entidad al concurso de acreedores, siendo perfectamente viable.  Este es el efecto que abiertamente trata de evitar el legislador. Por tanto, la ejecución que verse sobre estos bienes, por ser palmariamente necesarios para la continuidad de la empresa, es improcedente, y sobre ellos no es preciso acreditar la concurrencia de capital financiero alguno.

El problema es que el legislador, en una omisión criticada unánimente por la doctrina y por los jueces de lo mercantil, no ideó un mecanismo de comunicación de la suspensión del juzgado de lo mercantil a los juzgados de instancia que conocieren de las ejecuciones individuales. De forma que la solicitud de suspensión ha de hacerse al juzgado de instancia, pero si, existiera una oposición fundada en la supuesta falta de los requisitos legales pertinentes, por extensión de jurisdicción se obliga al juzgado de instancia a considerar extremos que están sometidos a la competencia exclusiva y excluyente del juzgado de lo mercantil; por ejemplo, el carácter afecto o no de un bien a la actividad.

Es decir: al hacer bascular la paralización o no de la ejecución sobre la necesariedad o no de los bienes, y añadir que, para que pueda extenderse a bienes no necesarios, se ha de acreditar la concurrencia de cierto capital financiero al proceso negociador, se deja en el limbo jurídico:

  • A quién compete la declaración de necesariedad. Es obvio que semejante juicio es, en sede concursal, competencia exclusiva de los juzgados de lo mercantil.
  •  
  • Ante quién se ha de acreditar y cuándo la concurrencia del capital financiero (51%). 

     

Pues en los dos casos la doctrina apunta al juzgado de lo mercantil emisor: en el primero, porque si es competente para el concurso y para la homologación del acuerdo de refinanciación, lo razonable es que lo sea para este momento procesal; por lo demás, así se evita que los juzgados de instancia corren con esa carga, y puedan dictar resoluciones contradictorias entre sí.

En el segundo, porque precisamente la acreditación ha de realizarse no sólo mediante escrito de las entidades financieras, sino mediante certificación del auditor de que, efectivamente, ése es el capital financiero pendiente.  Juicio técnico que, obviamente, está correctamente residenciado en el juzgado de lo mercantil.

Es entonces, según la mayoría de la doctrina, la acreedora financiera la que ha de acudir al juzgado de lo mercantil correspondiente para obtener la declaración de no estar afectos los bienes perseguidos, en su caso, y los demás trámites de acreditación.  La razón: no es competencia del juzgado de instancia, al que le basta con suspender (LEC) y que sea el juzgado de lo mercantil el que levante la suspensión (resto de la norma específica, Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal).

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HIPOTECA TRANQUILIDAD

INFORMACIÓN QUE DEBE SABER PARA DETECTAR UNA HIPOTECA TRANQUILIDAD

Hipoteca Tranquilidad.PDF.

La hipoteca tranquilidad, comercializada hace una década (con el euribor en máximos) por el Banesto, está librando ahora su batalla. En esta modalidad de préstamo, se pactaba un tipo fijo durante los primeros 10 años, y un tipo de interés variable a partir del décimo año.

 A ello se añadía un sistema de amortización de cuotas crecientes, de tal manera que las cuotas se incrementaban cada año y durante toda la vida del préstamo en un 2% respecto de la cuota del año anterior. Con estas condiciones la denominación del producto ‘hipoteca tranquilidad’, que aparentemente es un producto que ofrece tranquilidad, es más bien a la inversa, pues los hipotecados estaban intranquilos porque difícilmente podían conocer cuánto tiempo tardarían en amortizar el préstamo o cuánto capital tendrían que pagar en total, dado que durante los diez primeros años del préstamo se han amortizado los intereses y una parte muy pequeña del principal, lo cual perjudica al consumidor y convierte la hipoteca en abusiva.

Nuestros tribunales parten del carácter de consumidor del prestatario, y por tanto de su inferioridad respecto al profesional (el Banco) y de su poca o nula capacidad de negociación e información. Se trata de una adhesión a las condiciones contractuales insertas en el contrato, preredactadas por un profesional, e incorporados a todos o la mayoría de los contratos formalizados por el banco.

Actualmente se han dictado sentencias cuyo fallo ha declarado la nulidad de las cláusulas por abusivas, pues se considera que la hipoteca no pasa el control de transparencia exigido por la jurisprudencia a los contratos firmados por las entidades financieras con sus clientes y anula varias de sus cláusulas.

Por tanto, usted deberá comprobar si el banco no le ofreció documentación sobre el informe del coste del préstamo en comparación con otras modalidades supuestamente ofrecidas, ni documento de oferta vinculante o documento semejante, o cuadro de amortización, sino un breve folleto informativo el cual no dio la información suficiente sobre las consecuencias económicas de la firma de la hipoteca. Pues hay que destacar, que se trata de un producto de difícil comprensión para una “persona inexperta en la materia y sin conocimientos financieros” que pueda percatarse que la cláusula sobre el tipo de interés y el incremento de cuotas que resulta abusiva para el consumidor y, por tanto, la anula.

Las consecuencias de la declaración de nulidad de esta cláusula abusiva de la “hipoteca tranquilidad” supondrá su expulsión del contrato de préstamo, que seguirá vigente, y la devolución de los intereses cobrados como consecuencia de la aplicación de dicha cláusula.

María Ruiz
Abogada

mruiz@lagares-abogados.com                        
Tfno: 928382148

Zona Zec

Invertir en Canarias 

 

La Zona Especial de Canarias (ZEC) nació con el objetivo de promover el desarrollo económico y social y la diversificación de la estructura productiva gracias a una baja tributación. Cualquier entidad empresarial y de cualquier nacionalidad, puede acogerse a dicho régimen fiscal especial, y su principal ventaja es la aplicación de un tipo reducido en el Impuesto de Sociedades.  

 

No obstante, hay que cumplir con una serie de requisitos tanto en su inscripción, como durante el desarrollo de la actividad empresarial. Así: 

Queremos en este breve artículo, incidir en los plazos, y en aquéllos supuestos en que la empresa que se instala como entidad ZEC en nuestro territorio no puede cumplir con los requisitos comprometidos tras su inscripción en el ROEZEC. En este caso, ¿cómo se aplican los beneficios y qué consecuencias puede tener?  

 

El primer consejo es solicitar una suspensión. Es decir, la entidad empresarial puede solicitar una suspensión de la aplicación del régimen de la Zona Especial Canaria (ZEC) para un determinado ejercicio, porque resulte imposible cumplir los requisitos previstos en el artículo 31 de la Ley 19/1994, de 6 de julio. Dicha suspensión puede ser, en su caso, prorrogada, o, una vez transcurrido el eventual momento de crisis, se puede volver a comunicar al Consorcio de la ZEC la intención de levantar la suspensión concedida.  

 

En este supuesto, si efectuamos una interpretación integradora y sistemática de la norma y de las consultas realizadas a la Dirección General de Tributos, concluimos que en el plazo durante el que una entidad se encuentre inscrita en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria y no cumpla los requisitos previstos en el artículo 31 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, no podrá aplicar el régimen especial.  

 

No obstante, una vez superada dicha situación, en el primer período impositivo en el que la entidad cumpla con todos los requisitos establecidos en el citado precepto, y al continuar inscrita en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria, podrá aplicarse los beneficios de dicho régimen. 

Por lo que levantada la suspensión, lo aconsejable es que sepamos que vamos a cumplir los requisitos de inversión mínima o de trabajadores contratados desde el primer día del período impositivo en el que se produzca la aplicación del citado régimen.

 

No dude en contactar con nosotros para cualquier cuestión.

Eugenia Pérez
Abogada

eperez@lagares-abogados.com                        
Tfno: 928382148