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Concurso de acreedores necesario

 

Supuestos en que se puede presentar un concurso necesario de acreedores 

 

¿A qué llamamos concurso necesario? Usted, como acreedor, ostenta un crédito que puede reclamar a su deudor, pero éste incumple, y, es más, lo hace de manera generalizada: tiene deudas con otros proveedores, con las entidades bancarias, con las administraciones públicas, etc. En este caso, y con algunos requisitos a cumplir, se puede solicitar el concurso necesario de su deudor. Las ventajas son obvias, el crédito que usted ostenta y que le resulta imposible cobrar se privilegia en el seno del concurso y puede obtener su cobro, generalmente, a través de la liquidación de los bienes de la entidad deudora. 

 

¿Cuándo podrá realizar dicha solicitud? El primer caso es cuando se ostenta un título por el cual se haya despachado ejecución o apremio, en un previo procedimiento judicial, sin que la ejecución haya tenido efecto, es decir, que del embargo no resultasen bienes libres bastantes para el pago. También cuando se pueda acreditar: el sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor; la existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor; o el alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes; o, el incumplimiento de pagos de obligaciones tributarias o de la Seguridad social. 

Obviamente, por sus requisitos no es una figura jurídicamente sencilla, siempre habrá que ponderar los requisitos y ventajas del caso concreto. Pero si se cumplen dichos presupuestos y se aplica a su debido tiempo, el concurso necesario consigue un efecto extraordinario a la hora de dar prelación al crédito que reclamamos al deudor. 

 

     

 

Breve nota sobre el Plan de Viabilidad. 

 

Breve nota sobre el Plan de Viabilidad. 

 

Tal y como indicamos en el artículo anterior, ante una situación de insolvencia, lo primero que debe hacer una empresa es la elaboración del Plan de Viabilidad, el instrumento analítico y prescriptivo fundamental para los siguientes meses de actividad empresarial. 

 Aconsejamos incluir una serie de elementos en dicho plan que, vista nuestra experiencia, ayudarán tanto a los administradores y equipo directivo, como al resto de asesores de la entidad. Así, es oportuno que figuren en el plan: 

1.Plan de tesorería, que cubra un período de 6 meses como mínimo. 

Mes a mes, abonos e ingresos previstos. Pero, en este punto el criterio debe ser de máxima prudencia para poder comprobar la realidad de la viabilidad.  

2. Listado de acreedores. 

En que se incluirán tanto la deuda vencida como la deuda total de la entidad.  

3. Los recursos que soportan el plan, tanto ordinarios como extraordinarios. 

4. Habría que, si fuera el caso, atisbar una posible reestructuración del negocio, es decir, profundizar en las causas de la insolvencia si no son puramente externas. 

5. Y, por último, el plan de negociación y de pagos. 

El objetivo es llegar, usando esos instrumentos, a un acuerdo con los acreedores. 

 

     

 

Marco temporal del concurso de acreedores

 

Marco temporal del concurso de acreedores.

 

Si una empresa se encuentra en situación de insolvencia, lo que se va a requerir es de acciones rápidas y contundentes para cumplir con la obligación contenida en el artículo 5 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal, que establece lo siguiente: 

  1. El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. 

Artículo que debe ser contextualizado con lo establecido en el artículo 5 bis del mismo texto: 

  1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 y en la Disposición adicional cuarta o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta Ley. (…) 
  2. Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo establecido en el artículo 5. Formulada la comunicación antes de ese momento, no será exigible el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario. 

¿Cuáles son las primeras medidas que debe tomar una empresa en dicha situación? Frecuentemente las empresas intentan una negociación ordinaria (sin 5 bis) con entidades financieras, acreedores y deudores, cuya duración dependerá de que se produzcan avances o no. Si se encuentra en dicha situación, le aconsejamos lo siguiente: 

  1.  Que siempre se tengan en cuenta los hitos temporales de la ley (dos meses desde que se detecta la insolvencia). Las entidades financieras han de declarar la mora que se pueda ocasionar al Banco de España y tienen un plazo aproximado de dos meses. 
  2. La primera medida que se debe adoptar, incluso para esta negociación informal, es diseñar y desarrollar un plan de viabilidad específico. 

No obstante, si fracasa dicha vía, siempre queda abierta la posibilidad de una nueva negociación una vez presentado el 5 bis, es decir, la comunicación al Juzgado del inicio de negociaciones a fin de obtener un acuerdo de refinanciación.  

Por último, y sólo para el caso de que no prosperara el acuerdo de refinanciación y, si no se consiguiera salir del estado de insolvencia, se debe presentar el concurso de acreedores.  

 

     

 

Especial Acuerdos de Refinanciación

Artículo en PDF

 

¿Qué sabes sobre los Acuerdos de Refinanciación?

 

Un instrumento necesario para la viabilidad de las empresas.

Eugenia Pérez Miranda. 26/02/2019

 

La redacción que la Ley 9/2015 de 25 de mayo, de Medidas urgentes en materia concursal, dio a los artículos 5 bis y 71 bis 1. de la Ley Concursal ha afectado directamente, y creemos que de forma positiva, a los procesos de reestructuración empresarial y negociación bancaria. Para hacernos una idea rápida de las ventajas de estos mecanismos para las empresas, resumimos:

         1.  Se anuda la comunicación del 5bis a la suspensión de ejecuciones, judiciales o extrajudiciales, a salvo siempre los créditos públicos.

 

         2.  Se facilita el acuerdo de refinanciación con los Bancos, redefiniendo mayorías y eliminando requisitos. 

 

         3.   Abre la posibilidad de que las capitalizaciones de deuda no se reputen créditos subordinados.  Se pretende proteger el esfuerzo de los socios.

 

         4.  Se protegen las aportaciones de tesorería en acuerdos de refinanciación: son créditos contra la masa.

 

         5.  Importantes ahorros tributarios en estos acuerdos.                 

               

       En este artículo vamos a pararnos a analizar el primer efecto de suspensión de las ejecuciones en el ámbito judicial, y, en referencia especial a cuando dichas ejecuciones recaen sobre bienes que no tienen una clara afección a la actividad.

Como es de sentido común, la tesorería de una empresa ha sido declarada bien imprescindible  para la continuidad de la actividad de forma unánime por los juzgados de lo mercantil. Pocas dudas se pueden albergar: si se carece de tesorería, no se comprar mercancía, no se abonan salarios etc…  es decir: se aboca a la entidad al concurso de acreedores, siendo perfectamente viable.  Este es el efecto que abiertamente trata de evitar el legislador. Por tanto, la ejecución que verse sobre estos bienes, por ser palmariamente necesarios para la continuidad de la empresa, es improcedente, y sobre ellos no es preciso acreditar la concurrencia de capital financiero alguno.

El problema es que el legislador, en una omisión criticada unánimente por la doctrina y por los jueces de lo mercantil, no ideó un mecanismo de comunicación de la suspensión del juzgado de lo mercantil a los juzgados de instancia que conocieren de las ejecuciones individuales. De forma que la solicitud de suspensión ha de hacerse al juzgado de instancia, pero si, existiera una oposición fundada en la supuesta falta de los requisitos legales pertinentes, por extensión de jurisdicción se obliga al juzgado de instancia a considerar extremos que están sometidos a la competencia exclusiva y excluyente del juzgado de lo mercantil; por ejemplo, el carácter afecto o no de un bien a la actividad.

Es decir: al hacer bascular la paralización o no de la ejecución sobre la necesariedad o no de los bienes, y añadir que, para que pueda extenderse a bienes no necesarios, se ha de acreditar la concurrencia de cierto capital financiero al proceso negociador, se deja en el limbo jurídico:

  • A quién compete la declaración de necesariedad. Es obvio que semejante juicio es, en sede concursal, competencia exclusiva de los juzgados de lo mercantil.
  •  
  • Ante quién se ha de acreditar y cuándo la concurrencia del capital financiero (51%). 

     

Pues en los dos casos la doctrina apunta al juzgado de lo mercantil emisor: en el primero, porque si es competente para el concurso y para la homologación del acuerdo de refinanciación, lo razonable es que lo sea para este momento procesal; por lo demás, así se evita que los juzgados de instancia corren con esa carga, y puedan dictar resoluciones contradictorias entre sí.

En el segundo, porque precisamente la acreditación ha de realizarse no sólo mediante escrito de las entidades financieras, sino mediante certificación del auditor de que, efectivamente, ése es el capital financiero pendiente.  Juicio técnico que, obviamente, está correctamente residenciado en el juzgado de lo mercantil.

Es entonces, según la mayoría de la doctrina, la acreedora financiera la que ha de acudir al juzgado de lo mercantil correspondiente para obtener la declaración de no estar afectos los bienes perseguidos, en su caso, y los demás trámites de acreditación.  La razón: no es competencia del juzgado de instancia, al que le basta con suspender (LEC) y que sea el juzgado de lo mercantil el que levante la suspensión (resto de la norma específica, Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal).

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Nueva socia de Lagares Abogados

Eugenia Pérez Miranda nombrada nueva socia de Lagares Abogados. 

 

 Ernesto Falcón ,Eugenia Pérez y Ricardo Lagares.

Lagares abogados ha nombrado a Eugenia Pérez Miranda nueva socia del despacho tras una exitosa carrera profesional dentro de la firma. 

 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Máster en Asesoría Jurídica de Empresas y dedicada a Lagares y Falcón S.L.P. desde 2006. Eugenia Pérez es especialista en derecho mercantil y de empresa. Recientemente incorporada Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia, en el área de mediación civil y mercantil. 

 

El uso de la mediación



Con la incorporación de nuestra compañera, Eugenia Pérez, en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia, en el área de mediación civil y mercantil, comienza para Lagares Abogados, especialista en derecho mercantil y empresa, el ejercicio de una nueva área: el uso de la mediación.

Lagares Abogados siempre ha fomentado el ejercicio de la comediación a través de profesionales de distintas especializaciones para el desarrollo transversal de la mediación en la empresa. Ahora, dirigimos nuestros servicios también, además de a la empresa, a otros profesionales como asesores fiscales, asesores laborales, gestorías, para la resolución de los conflictos mercantiles y civiles que puedan surgir a sus clientes. 

Somos especialistas en la resolución de conflictos societarios, sucesión de empresa, incidencias en el tráfico mercantil (distribución, agencia, franquicias, arrendamientos, transportes, contratos turísticos, compraventas, etc.) y, en general, en las relaciones comerciales.

También podemos ayudarle en la prevención de los conflictos a través de la personalización de protocolos de actuación y el acompañamiento en la búsqueda de soluciones, y posterior evaluación de los resultados.


With The addition of our partner, Eugenia Pérez, in the register of mediators of the ministry of justice, in the civil and commercial mediation area, begins for lagares lawyers, specialist in commercial law and company, the exercise of a new area: use From mediation.

Lagares lawyers have always encouraged the exercise of co-mediation through professionals of different specialization for cross-cutting of mediation in the company. Now, we run our services also, in addition to the company, to other professionals such as tax advisers, labour advisers, management, for resolution of commercial and civil conflicts that may arise from their clients.

We are specialists in the resolution of social conflicts, company succession, incidences in commercial traffic (distribution, agency, franchises, leases, transport, tourist contracts, sales, etc. ) and generally in trade relations.

We can also assist you in conflict prevention through the customization of acting protocols and support in finding solutions, and subsequent evaluation of results.

Compliance

¿Ya tiene implantado un sistema de prevención de delitos para su empresa?

El cumplimiento normativo ad intra: la herramienta para evitar la comisión de un delito de apropiación indebida o/y administración desleal. 

 

El Tribunal Supremo en su reciente Sentencia 136/2018 de 28 de junio (Recurso 2036/2017) ha tenido una nueva oportunidad para pronunciarse sobre los programas de cumplimiento normativo. En esta ocasión, ha incidido en un aspecto que ya hemos adelantado en nuestros análisis sobre los programas de Compliance, y que valoramos como uno de los aspectos más práctico de la aplicación de los protocolos de cumplimiento normativo en el ámbito empresarial (incluyendo, por supuesto, las sociedades mercantiles públicas): garantizar que una empresa, en particular, sus directivos y sus administradores, cumplan con el marco normativo aplicable con el único fin de evitar problemas de incumplimiento legal .  

Es decir, al establecerse e implementarse un mecanismo efectivo de detección, corrección y prevención de riesgos, la empresa puede quedar exenta de responsabilidad penal. Además, esta herramienta es fundamental para evitar la comisión de delitos por los órganos de administración, como los referidos en dicha sentencia (apropiación indebida o administración desleal), ya que se obstaculiza la ejecución de comportamientos o actuaciones constitutivos de estos ilícitos penales. 

En este sentidoreflexiona la sentencia citada: “…una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abusos de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato…Al menos, es evidente que el programa de cumplimiento lo que traslada al administrador societario que tiene en mente realizar este tipo de conductas es saber la existencia de un control…”. 

Nos satisface conocer este pronunciamiento del Tribunal Supremo que acerca, una vez más, el buen gobierno corporativo de las sociedades a la evitación de la comisión de ilícitos penales. 

 

No dude en contactar con nosotros para cualquier cuestión.
 
Eugenia Pérez
Abogada

eperez@lagares-abogados.com                        
Tfno: 928382148