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Actualidad e información de interés sobre aspectos jurídicos.

Especial Acuerdos de Refinanciación

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¿Qué sabes sobre los Acuerdos de Refinanciación?

 

Un instrumento necesario para la viabilidad de las empresas.

Eugenia Pérez Miranda. 26/02/2019

 

La redacción que la Ley 9/2015 de 25 de mayo, de Medidas urgentes en materia concursal, dio a los artículos 5 bis y 71 bis 1. de la Ley Concursal ha afectado directamente, y creemos que de forma positiva, a los procesos de reestructuración empresarial y negociación bancaria. Para hacernos una idea rápida de las ventajas de estos mecanismos para las empresas, resumimos:

         1.  Se anuda la comunicación del 5bis a la suspensión de ejecuciones, judiciales o extrajudiciales, a salvo siempre los créditos públicos.

 

         2.  Se facilita el acuerdo de refinanciación con los Bancos, redefiniendo mayorías y eliminando requisitos. 

 

         3.   Abre la posibilidad de que las capitalizaciones de deuda no se reputen créditos subordinados.  Se pretende proteger el esfuerzo de los socios.

 

         4.  Se protegen las aportaciones de tesorería en acuerdos de refinanciación: son créditos contra la masa.

 

         5.  Importantes ahorros tributarios en estos acuerdos.                 

               

       En este artículo vamos a pararnos a analizar el primer efecto de suspensión de las ejecuciones en el ámbito judicial, y, en referencia especial a cuando dichas ejecuciones recaen sobre bienes que no tienen una clara afección a la actividad.

Como es de sentido común, la tesorería de una empresa ha sido declarada bien imprescindible  para la continuidad de la actividad de forma unánime por los juzgados de lo mercantil. Pocas dudas se pueden albergar: si se carece de tesorería, no se comprar mercancía, no se abonan salarios etc…  es decir: se aboca a la entidad al concurso de acreedores, siendo perfectamente viable.  Este es el efecto que abiertamente trata de evitar el legislador. Por tanto, la ejecución que verse sobre estos bienes, por ser palmariamente necesarios para la continuidad de la empresa, es improcedente, y sobre ellos no es preciso acreditar la concurrencia de capital financiero alguno.

El problema es que el legislador, en una omisión criticada unánimente por la doctrina y por los jueces de lo mercantil, no ideó un mecanismo de comunicación de la suspensión del juzgado de lo mercantil a los juzgados de instancia que conocieren de las ejecuciones individuales. De forma que la solicitud de suspensión ha de hacerse al juzgado de instancia, pero si, existiera una oposición fundada en la supuesta falta de los requisitos legales pertinentes, por extensión de jurisdicción se obliga al juzgado de instancia a considerar extremos que están sometidos a la competencia exclusiva y excluyente del juzgado de lo mercantil; por ejemplo, el carácter afecto o no de un bien a la actividad.

Es decir: al hacer bascular la paralización o no de la ejecución sobre la necesariedad o no de los bienes, y añadir que, para que pueda extenderse a bienes no necesarios, se ha de acreditar la concurrencia de cierto capital financiero al proceso negociador, se deja en el limbo jurídico:

  • A quién compete la declaración de necesariedad. Es obvio que semejante juicio es, en sede concursal, competencia exclusiva de los juzgados de lo mercantil.
  •  
  • Ante quién se ha de acreditar y cuándo la concurrencia del capital financiero (51%). 

     

Pues en los dos casos la doctrina apunta al juzgado de lo mercantil emisor: en el primero, porque si es competente para el concurso y para la homologación del acuerdo de refinanciación, lo razonable es que lo sea para este momento procesal; por lo demás, así se evita que los juzgados de instancia corren con esa carga, y puedan dictar resoluciones contradictorias entre sí.

En el segundo, porque precisamente la acreditación ha de realizarse no sólo mediante escrito de las entidades financieras, sino mediante certificación del auditor de que, efectivamente, ése es el capital financiero pendiente.  Juicio técnico que, obviamente, está correctamente residenciado en el juzgado de lo mercantil.

Es entonces, según la mayoría de la doctrina, la acreedora financiera la que ha de acudir al juzgado de lo mercantil correspondiente para obtener la declaración de no estar afectos los bienes perseguidos, en su caso, y los demás trámites de acreditación.  La razón: no es competencia del juzgado de instancia, al que le basta con suspender (LEC) y que sea el juzgado de lo mercantil el que levante la suspensión (resto de la norma específica, Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal).

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Nueva socia de Lagares Abogados

Eugenia Pérez Miranda nombrada nueva socia de Lagares Abogados. 

 

 Ernesto Falcón ,Eugenia Pérez y Ricardo Lagares.

Lagares abogados ha nombrado a Eugenia Pérez Miranda nueva socia del despacho tras una exitosa carrera profesional dentro de la firma. 

 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Máster en Asesoría Jurídica de Empresas y dedicada a Lagares y Falcón S.L.P. desde 2006. Eugenia Pérez es especialista en derecho mercantil y de empresa. Recientemente incorporada Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia, en el área de mediación civil y mercantil. 

 

El uso de la mediación



Con la incorporación de nuestra compañera, Eugenia Pérez, en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia, en el área de mediación civil y mercantil, comienza para Lagares Abogados, especialista en derecho mercantil y empresa, el ejercicio de una nueva área: el uso de la mediación.

Lagares Abogados siempre ha fomentado el ejercicio de la comediación a través de profesionales de distintas especializaciones para el desarrollo transversal de la mediación en la empresa. Ahora, dirigimos nuestros servicios también, además de a la empresa, a otros profesionales como asesores fiscales, asesores laborales, gestorías, para la resolución de los conflictos mercantiles y civiles que puedan surgir a sus clientes. 

Somos especialistas en la resolución de conflictos societarios, sucesión de empresa, incidencias en el tráfico mercantil (distribución, agencia, franquicias, arrendamientos, transportes, contratos turísticos, compraventas, etc.) y, en general, en las relaciones comerciales.

También podemos ayudarle en la prevención de los conflictos a través de la personalización de protocolos de actuación y el acompañamiento en la búsqueda de soluciones, y posterior evaluación de los resultados.


With The addition of our partner, Eugenia Pérez, in the register of mediators of the ministry of justice, in the civil and commercial mediation area, begins for lagares lawyers, specialist in commercial law and company, the exercise of a new area: use From mediation.

Lagares lawyers have always encouraged the exercise of co-mediation through professionals of different specialization for cross-cutting of mediation in the company. Now, we run our services also, in addition to the company, to other professionals such as tax advisers, labour advisers, management, for resolution of commercial and civil conflicts that may arise from their clients.

We are specialists in the resolution of social conflicts, company succession, incidences in commercial traffic (distribution, agency, franchises, leases, transport, tourist contracts, sales, etc. ) and generally in trade relations.

We can also assist you in conflict prevention through the customization of acting protocols and support in finding solutions, and subsequent evaluation of results.

Compliance

¿Ya tiene implantado un sistema de prevención de delitos para su empresa?

El cumplimiento normativo ad intra: la herramienta para evitar la comisión de un delito de apropiación indebida o/y administración desleal. 

 

El Tribunal Supremo en su reciente Sentencia 136/2018 de 28 de junio (Recurso 2036/2017) ha tenido una nueva oportunidad para pronunciarse sobre los programas de cumplimiento normativo. En esta ocasión, ha incidido en un aspecto que ya hemos adelantado en nuestros análisis sobre los programas de Compliance, y que valoramos como uno de los aspectos más práctico de la aplicación de los protocolos de cumplimiento normativo en el ámbito empresarial (incluyendo, por supuesto, las sociedades mercantiles públicas): garantizar que una empresa, en particular, sus directivos y sus administradores, cumplan con el marco normativo aplicable con el único fin de evitar problemas de incumplimiento legal .  

Es decir, al establecerse e implementarse un mecanismo efectivo de detección, corrección y prevención de riesgos, la empresa puede quedar exenta de responsabilidad penal. Además, esta herramienta es fundamental para evitar la comisión de delitos por los órganos de administración, como los referidos en dicha sentencia (apropiación indebida o administración desleal), ya que se obstaculiza la ejecución de comportamientos o actuaciones constitutivos de estos ilícitos penales. 

En este sentidoreflexiona la sentencia citada: “…una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abusos de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato…Al menos, es evidente que el programa de cumplimiento lo que traslada al administrador societario que tiene en mente realizar este tipo de conductas es saber la existencia de un control…”. 

Nos satisface conocer este pronunciamiento del Tribunal Supremo que acerca, una vez más, el buen gobierno corporativo de las sociedades a la evitación de la comisión de ilícitos penales. 

 

No dude en contactar con nosotros para cualquier cuestión.
 
Eugenia Pérez
Abogada

eperez@lagares-abogados.com                        
Tfno: 928382148

SWAP

AÚN ESTÁS A TIEMPO DE RECUPERAR TU INVERSIÓN.  

Abrir en PDF: SWAP. Recupera tu inversión.

Hasta el 2020 podrá reclamar la indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento del deber de información de la entidad bancaria.  

 

Los llamados swap se comercializaron en su momento como un producto que “protegía al deudor hipotecario contra una posible subida de los tipos de interés en su hipoteca”. Pero en realidad, se vendió este producto en máximos del Euribor (periodo 2006-2008) y justo cuando se preveía que iba a caer, y así ocurrió. Ello determinó que en vez de ser la entidad bancaria la que pagara una cantidad al cliente, fuera el cliente el que tuviera que “compensar” a la entidad.  

Por ello, ponemos en conocimiento de todos aquellos consumidores que hayan contratado un swap que aún están a tiempo de recuperar su inversión mediante la acción de indemnización por incumplimiento contractual, y solicitar la indemnización de los daños que le ha provocado la contratación del producto como consecuencia de un incorrecto asesoramiento.  

Y es que no se puede perder de vista el riguroso deber legal de información al cliente por parte de las entidades bancarias, así como las consecuencias que derivan de la inobservancia de tales exigencias de información previstas en la normativa europea MIFID. Por tanto, cabe ejercitar una acción de indemnización de daños y perjuicios basada en el incumplimiento de los deberes inherentes al test de idoneidad y a la consiguiente información a prestar al cliente minorista, siempre que de dicho incumplimiento se hubiera derivado el perjuicio que se pretende sea indemnizado y se acredite la relación de causalidad.  

Si nos centramos en el perjuiciogenerado al consumidor nos encontramos con la pérdida de la inversión realizada por éste, de tal manera que cabe atribuir al incumplimiento de los deberesinherentes a la exigencia de información claraprecisa, imparcial y con antelación de los riesgos inherentes al producto ofertado, la consideración de causa jurídica del perjuicio sufrido, pues si no consta que el demandante fuera inversor de alto riesgo, el banco debía haberse abstenido de recomendar su adquisición, por lo que, al hacerlo, y al no informar sobre los riesgos inherentes al productopropició que el consumidor asumiera el riesgo que conllevó la pérdida de la inversión. 

Por ello,  la vulneración de la normativa legal sobre el deber de información al cliente sobre el riesgo económico de la inversión realizada puede causar un daño derivado de tal incumplimiento que usted todavía puede reclamar, a diferencia de la acción de nulidad relativa o anulabilidad, por vicio o error en el consentimiento, que está sometida al plazo de caducidad de 4 años.   

Así pues, en el caso de la acción de indemnización de daños y perjuicios comentada en este artículo, tendrá de plazo hasta el año 2020  para interponer un procedimiento judicial.  

Contacte con nosotros para mayor información. 

María Ruiz.
Abogada
mruiz@lagares-abogados.com                        
 
 

 

 

 

 

¿Cómo recurrir el impuesto de plusvalía?

Recursos contra el Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana (PLUSVALÍA)

Hemos estado siguiendo la controversia jurídica que ha surgido alrededor del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IVITNUT), comúnmente denominado Plusvalía.

Como han tenido conocimiento por las noticias más recientes, la jurisprudencia y la doctrina no han sido pacíficas respecto al tratamiento de transmisiones y el devengo de este Impuesto. El Tribunal Constitucional ha venido a resolver la cuestión al declarar la inconstitucionalidad y nulidad de ciertos preceptos de la Ley de Haciendas Locales únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de 11 de mayo). Ello ha dejado abierta la puerta a los Ayuntamientos para seguir emitiendo liquidaciones por plusvalía y ha trasladado la carga de la prueba a los contribuyentes frente a una norma que se declaró inconstitucional.

Tres han venido siendo las tesis sobre el alcance de la nulidad de la plusvalía:

1) La nulidad radical: el ordenamiento ha expulsado de raíz los artículos claves del impuesto, por lo que los Ayuntamientos no pueden liquidar porque carecen de cobertura legal alguna. (Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por ejemplo).

2) No puede presumirse ganancia: quien ha de acreditarlo es el Ayuntamiento (algunas Audiencias provinciales y el Tribual Superior de Justicia de Valencia).

3) No puede presumirse ganancia: ha de acreditarlo el contribuyente (otras AAPP)

Seguir leyendo: Recursos contra el Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana (PLUSVALÍA)

 
 
No dude en contactar con nosotros para cualquier cuestión.
 
Eugenia Pérez
Abogada

eperez@lagares-abogados.com                        
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